Ante la polémica suscitada por la aprobación de la ley ministerial que deja de considerar al lobo una especie cinegética, analizamos la situación desde los dos puntos de vista: por un lado, el sector ganadero, afectado negativamente por el lobo como potencial depredador, y por el otro el de las organizaciones que pugnan por preservar a las especies en potencial riesgo de viabilidad. En medio está el legislador, en este caso el Ministerio de Transición ecológica. Las principales organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA acusan al Gobierno de tomar una medida “urbanita e irresponsable” y piden la dimisión de la ministra Teresa Ribera.
Este contencioso tiene especial importancia en un año en el que el sector primario en general y el ganadero en particular está siendo gravemente golpeado por la crisis derivada del Covid 19, que aúna como tormenta perfecta la subida del precio de las materias primas y de la energía contra sus costes de producción a un mercado, en general deprimido por la crisis económica y, por tanto, de consumo ante la era pandémica.
No hay estadísticas actualizadas, ya que el último censo se realizó en 2014. Esta es una de las reivindicaciones de los ganaderos españoles, especialmente los situados al norte del Duero que sufren el mayor acoso. Los ganaderos que viven en el campo y que lidian a diario con este problema, mantienen que los ataques del lobo se han multiplicado desde que se suspendió su caza, que atacan al ganado, lo matan, y los animales que sobreviven quedan traumatizados o asustados, de manera que se producen más abortos y una menor productividad.
Pérdidas inasumibles
Todavía no se cuenta con datos de daños exactos del 2021, pero por el número de ataques reportados por los ganaderos, ASAJA estima que las pérdidas han aumentado un 40% en los últimos meses. También se han dado ataques en zonas en las que no había presencia de lobo lo que demuestra la rápida e imparable expansión de la especie al no tener medidas de control.
Como afirman desde la asociación “no todo se arregla con dinero, los ganaderos no quieren que el lobo les mate sus animales y les condicione el ejercicio de la actividad”.
España está entre los 5 países de la Unión Europea con mayor censo de lobos, lo que es un indicativo de su buen estado de conservación, disponiendo hasta su inclusión en el LESPRE de planes de gestión para su control, algo que ha permitido un equilibrio entre el desarrollo de la actividad ganadera y el crecimiento de la especie.
No obstante y a pesar de no correr peligro la especie, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la orden ministerial por la que la especie deja de ser cinegética.
Cambio legislativo y disconformidad ganadera
El lobo, por tanto, no puede ser cazado en el conjunto del territorio nacional. El cánido deja así de ser un trofeo de caza y deberá ponerse fin a las subastas de caza, en las que se han llegado a pagar 6.000 euros por abatir a un ejemplar.
Hasta ahora, este carnívoro se podía cazar al norte del río Duero y estaba estrictamente protegido al sur de esa frontera, donde solo se podía capturar algún ejemplar con permisos especiales y en el caso de que se hubiera demostrado su conflictividad con el ganado. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria son las comunidades autónomas en las que habita el 95% de la población de la especie. Todas sus asociaciones ganaderas han mostrado su disconformidad con la medida. En la actualidad, se estima que vive en España una población de entre 2.000 y 2.500 animales, que se distribuyen en 297 manadas.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha cumplido el plazo y desde el 25 de septiembre de 2021 se ha incorporado a la especie dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se incluyen las poblaciones que necesiten una protección particular por su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza. La propuesta partió de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Su presidente, Ignacio Martínez, valora la orden ministerial de forma “muy positiva” y como un “primer paso trascendente que supone el fin de los planes y programas de muerte de las comunidades autónomas”.
A partir de ahora, la captura de un lobo solo se podrá producir bajo unas circunstancias determinadas y siempre será selectiva. Tendrán que contar con una autorización administrativa concedida por la comunidad autónoma correspondiente, siempre que se hayan aplicado por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas para proteger al ganado y estas hayan demostrado que no son efectivas. Tampoco debe afectar negativamente a la conservación favorable de la especie.
ASCEL y WFF abogan por una normativa protectora
Ascel continúa su lucha a favor de los derechos de los lobos para declararla especie vulnerable, lo que implicaría que, la adopción por parte de los Gobiernos regionales de otro tipo de actuaciones para asegurar la conservación de la especie. WFF también lo apoya y además considera fundamental la aprobación “urgente” de la Estrategia de conservación y gestión del lobo.
El ministerio indica en el BOE que dicha aprobación “deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2021″. En un comunicado subrayan que esta nueva etapa debe estar centrada en “conservar las poblaciones de lobo, apostando por una coexistencia efectiva con la ganadería, en lugar de matando a lobos de forma indiscriminada”. Hasta ahora, en España se capturaban cada año de forma legal unos 100 lobos.
Las comunidades emprenden acciones legales
Juan Carlos Suárez-Quiñores, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, la comunidad en la que más lobos habitan, ha declarado que están “radicalmente en contra de esa iniciativa. “Va a suponer un perjuicio enorme el dejar de gestionar las poblaciones de lobo con la caza”, porque se van a “incrementar los daños en la ganadería extensiva, además de favorecer la despoblación”, al existir el peligro de abandono de la actividad ganadera.
El sector ganadero pide que se suspenda la orden que protege al lobo
El sector ganadero representado por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que prohíbe cazar al lobo y pide su suspensión mientras se tramita este recurso.
Con este recurso a la orden que protege el lobo ante la Audiencia Nacional, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave “aún más” la situación de los ganaderos, según han indicado este miércoles en un comunicado.
Con anterioridad a la inclusión del lobo en el listado Lespre, los ganaderos al norte del río Duero perdían una media de 9.812 animales al año, pero la incorporación del lobo en este régimen de protección especial supondrá, según los ganaderos, “un incremento exponencial” de estas pérdidas.
Daños económicos y sociales
Se detallan los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, “siempre parciales e insuficientes”, para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha. Estos datos forman parte esencial del recurso presentado.
Sirva como resumen: En Asturias, entre 2017 y 2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 € en 2019 y otro tanto en 2020. En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020. En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el “número real” de bajas “probablemente” se acerque a las 4.000, han apuntado. En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se han declarado 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas.
El recurso de las organizaciones argumenta “cómo el lobo no está en situación vulnerable al norte del Duero”; la “desprotección” en la que quedan vacas, ovejas y equinos y la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva, causando un “grave” impacto económico y social “tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural”.
Un limbo jurídico
En el recurso también se alega cómo esta Orden ha entrado en vigor sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo.
Su aprobación deja en “papel mojado” los Planes de Gestión de las cuatro comunidades autónomas afectadas, “lo que aboca al sector agrario a un limbo jurídico”. Por todo ello, se pide la suspensión cautelar de la misma y el mantenimiento del “status quo”.
Difícil solución tenemos ante esta situación. Desde AMBiotec identificamos al sector ganadero como gravemente perjudicado ante una situación sobrevenida debido al impulso político actual y no derivada de una constatación fehaciente en la disminución de las manadas de lobos. Ausencia de datos oficiales sobre los que sustentar esta iniciativa que suma a la concatenación de actuales amenazas sobre el sector primario y ganadero y que entronca con otro grave problema; este si reconocido, de la despoblación en la “España vaciada”.
